SANTIAGO.– El hallazgo en Argentina de Bernarda Vera Contardo, quien figuraba oficialmente desde 1993 como ejecutada y detenida desaparecida en el Informe Rettig, destapó una millonaria trama de beneficios estatales. Su hija, Claudia Rey Vera, de 58 años, percibió durante décadas una pensión de reparación del Estado de Chile que ascendía a los $800.000 pesos mensuales.
El origen del beneficio
Claudia Rey tenía solo 5 años en 1973 cuando vio por última vez a su madre, perdiendo todo contacto tras la huida de esta al país trasandino. Al ser calificada Bernarda Vera como víctima de la dictadura, la ley chilena otorgó a su hija una pensión base de $380.000 pesos.
Posteriormente, tras acreditarse que Claudia padece una discapacidad motora severa cercana al 60%, el Instituto de Previsión Social (IPS) extendió el beneficio de forma vitalicia y elevó el monto mensual a la cifra que hoy bordea los $800.000. Parlamentarios investigan si la familia también cobró un bono único de reparación para hijos de víctimas, equivalente a $10 millones de pesos.
Defensa y debate político
Frente a las exigencias de diversos sectores políticos para que se restituyan los fondos públicos, la defensa de Rey y el Plan Nacional de Búsqueda aclararon que ella actuó siempre de estricta "buena fe". Claudia creció con la certeza científica y judicial de que su madre estaba muerta, enterándose de su supervivencia recién tras los peritajes de ADN del Servicio Médico Legal (SML).
El caso también encendió las redes sociales, donde se vinculó falsamente a Rey con partidos políticos mediante fotos adulteradas junto a líderes de la oposición. En la realidad, Claudia Rey no posee militancia política formal, mantiene un perfil privado debido a su salud y reside resguardada en Chile, mientras el Ministerio de Justicia evalúa los cursos legales a seguir.
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