Aunque las constituciones democráticas establecen que el sufragio debe ser secreto, libre e informado, lo cierto es que son muy pocos los países del mundo que pueden asegurar que sus ciudadanos ejercen un voto plenamente consciente de las alternativas que se le presentan. Sabemos que el poder de la propaganda y del dinero influye considerablemente en las decisiones populares y que la ignorancia masiva conspira contra el carácter republicano de estos procesos.
Se asume que en nuestro país son muchos los electores que concurren a votar nada más porque el derecho al sufragio se les ha hecho obligatorio, tanto así que en el último plebiscito se agregaron más de 5 millones de votantes que ciertamente muy poco sabían de qué se trataba la Carta Magna definida por la Convención Constitucional. Los que, en su desgano por la política y molestia por las demandas populares no satisfechas, terminaron desaprobando la nueva institucionalidad propuesta.
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