En realidad, su ratificación respondió a la exigencia de alinearse con los estándares internacionales requeridos para el ingreso de Chile a la OCDE. Si bien el Convenio no era un requisito explícito, formaba parte del conjunto de compromisos que el país debía asumir para demostrar su adhesión a los derechos humanos y a las buenas prácticas internacionales.
Chile intentó introducir modificaciones al texto antes de firmarlo, pero la comunidad internacional le dejó claro que debía suscribirlo en sus términos originales, sin reservas ni alteraciones. Como suele ocurrir, los equipos políticos de turno no dimensionaron plenamente el alcance de lo que estaban suscribiendo, y solo con el tiempo comprendieron que el Convenio imponía obligaciones concretas y vinculantes.
Hoy, si el Estado chileno quisiera denunciar el Convenio y retirarse de él, se enfrentaría a un escenario contraproducente. En sectores clave como la exportación de madera o salmón, los mercados internacionales exigen cada vez más el cumplimiento de estándares sociales y ambientales, entre ellos, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de consultas previas, libres e informadas. Si Chile no acreditara estos requisitos, simplemente perdería competitividad frente a otros países que sí los cumplen.
Además, se avecinan nuevas normativas globales que reforzarán estos estándares, por lo que las empresas que no se anticipen a estas exigencias quedarán en clara desventaja en los mercados internacionales.
Cumple Chile con el Convenio 169
La respuesta oficial del gobierno de Chile es que el convenio se respeta "íntegramente". Sin embargo, la evidencia disponible y las opiniones de diversos actores indican que existe una gran distancia entre ese discurso y la realidad de su implementación. Esta brecha se manifiesta en el incumplimiento de los procesos de consulta, la creciente judicialización y los debates sobre el desarrollo versus los derechos indígenas.