escribe Juan Pablo Cárdenas S.
La gente decente que vive en Chile, y que sí la hay, paga las consecuencias de la acción de bandas organizadas de delincuentes y de muchas décadas de impunidad que ha favorecido sobre todo a la clase política y empresarial. Nuestro país se había ganado un justo título de probo en comparación a otras naciones de América Latina, sin embargo, ahora compite con los de altos grados de corrupción y delincuencia, tanto así que ya se recomienda en el extranjero no viajar hasta aquí, cuando se cuentan por decenas los turistas cotidianamente asaltados y agredidos por las bandas de ladrones que operan a plena luz del día.
Nuestros tribunales y fiscalías no dan abasto con tantas causas. Ello favorece las prescripciones de muchos delitos y, en definitiva, que los hechores recobren su libertad. Es cierto que procesos que involucran a políticos y empresarios corruptos demoran demasiado en resolverse y pueden alentar solidaridades y protestas incluso desde el extranjero. Por ejemplo, recién, cuando un grupo de ex mandatarios y jefes de estado, como el de Argentina, se permiten criticar a nuestra Justicia e imputarle a jueces y fiscales la intención de perseguir a los inculpados por razones políticas.
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