El gobierno de Kast impulsa un quinto estado de excepción bajo la excusa de la seguridad pública, pero su verdadero objetivo es criminalizar la protesta social. Mientras el Ejército chileno enfrenta el escándalo de corrupción del «Milicogate» (con generales condenados por fraude de más de $3.000 millones), se busca entregarles el control de los barrios populares. El plan incluye modificar la ley antibarricadas para castigar cortes de tránsito pacíficos y facultades para interceptar comunicaciones, replicando el fallido modelo de "guerra contra las drogas" que en México triplicó los homicidios.
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https://diariopolitika.substack.com/p/la-doctrinita-seguridad-publica-como
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